En línea con la idea de profundizar el “modelo progresista”, el gobierno de Cristina Kirchner dio luz verde a un proyecto de ley en el Congreso que otorgará el derecho al cambio de sexo en el país con una intervención quirúrgica, y también a tramitar el DNI con una nueva “identidad de género”, ya sea con o sin previo tratamiento médico.
Incluso, podría obligar a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales a cubrir la “reasignación sexual”.
Fuentes legislativas dijeron que se dejaría a consideración del Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar la inclusión del tratamiento clínico dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO).
El permiso para la “rectificación de género” no necesitará una autorización judicial, sino apenas una declaración jurada, en la que la persona exprese ser de un sexo diferente del biológico, con o sin operación quirúrgica previa en su físico. Con esa simple declaración podrá cambiar su DNI.
En las próximas semanas, con el impulso de la Casa Rosada, Diputados buscará consenso para emitir un único dictamen sobre esa polémica iniciativa, denominada de “identidad de género”. El interventor en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Pedro Mouratian, la apoyó el 18 del mes pasado en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Justicia.
Complementaría así la ley de matrimonio igualitario. En la actualidad, las operaciones de cambio de sexo están legalmente prohibidas en la Argentina. Es que suponen lesiones físicas muy graves que ningún médico está habilitado a realizar. La legislación impone penas muy severas.
Por ello las personas interesadas deben recurrir a tratamientos en centros médicos de otros países, como Chile. En los proyectos en análisis consta que leyes similares para el cambio de identidad y de sexo rigen, entre otros países, en Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá y Canadá, y en algunos estados de los Estados Unidos.
La tramitación de la nueva identidad sexual -rectificación de género- será ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Hasta hoy puede formularse sólo mediante una presentación judicial y únicamente un juez la puede habilitar. “Esto generaba medidas de prueba y juntas médicas vejatorias, que se evitarán”, dijo un legislador que promueve el proyecto.
Y será independiente de que haya una “reasignación de sexo”, es decir, una operación en los genitales.
“A partir del proyecto, el cambio de sexo será un nuevo derecho y se podrá concretar a partir de la mayoría de edad, a los 18 años. Quedará sujeto a la reglamentación del Poder Ejecutivo si esa intervención quirúrgica se incluye en el PMO”, dijo a LA NACION la diputada del Frente para la Victoria (FPV), Diana Conti.
Esto último podría generar un fuerte conflicto con las empresas de medicina prepaga y con las obras sociales, que deberían asumir costos que hoy no están previstos y podrían encarecer sus servicios, como se informa por separado.
“El cambio de sexo podrá estar acompañado por un cambio de identidad con un nuevo DNI, nuevo nombre y nueva foto”, especificó Conti.
En el gobierno nacional, avalaron dos proyectos. Uno lo había presentado la propia Conti, inspirado en la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), y el restante, su par del FPV Juliana Di Tullio, promovido por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bi y Transexuales (Falgtb).
El texto de Conti establece que la “rectificación registral” podrá ser nuevamente modificada sólo con autorización judicial.
Las dos iniciativas fueron debatidas en una reunión de las comisiones de Legislación General, que preside Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), y de Justicia, de Juan Pedro Tunessi, de la UCR. Se acordó allí redactar un solo dictamen en las próximas semanas para ser debatido en breve en el recinto de la Cámara baja.
Según los primeros borradores, la “reasignación de sexo” podrá solicitarse desde los 18 años con una declaración jurada. Podrá obtenerse mediante una intervención quirúrgica o con tratamientos hormonales, según la necesidad del solicitante.
Se permitirá asimismo realizarla en todos los centros médicos públicos, privados y obras sociales de nuestro país y tendrá por objeto “garantizar la salud integral”, entendida como “completo bienestar físico, psíquico y social”. Los actuales proyectos de Conti y Di Tullio prevén incluirlo en el PMO. Pero el dictamen final podría dejar ello sujeto a la reglamentación de la presidenta Cristina Kirchner.
“Se legislará el derecho integral a la salud y a la identidad: la rectificación de género en el DNI no necesariamente implica un cambio de sexo en el físico”, dijo Vilma Ibarra. Las personas podrán adoptar un nombre de otro sexo y conservar el apellido si consignan en la declaración jurada que se sienten psicológicamente del género opuesto. En el Congreso aseguran que no hubo voces discordantes en las comisiones. Incluso el socialismo, la UCR y otros bloques opositores dejaron correr el proyecto.
Desde el Gobierno, Pedro Mouratian, titular del Inadi, apoyó la iniciativa. “Es un paso positivo porque permitirá a un colectivo acceder a la documentación necesaria como el DNI, que hoy no tiene, y así se ve privado de acceder a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda y a otros derechos esenciales, como la educación, de los cuales son segregados”, dijo.
“Les permitirá reinsertarse en la sociedad”, agregó Mouratian, y destacó, además, que “el cambio físico o genital no es condición para acceder a un nuevo DNI, sino simplemente su aspecto y el hecho de que la persona se sienta de ese sexo”.
El proyecto de Conti dispone que la rectificación del sexo tendrá efectos retroactivos desde su inscripción en el Registro Civil, conservará el número de DNI, tendrá carácter confidencial y será informado a todos los registros del país.
La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) y la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA) celebran el avance en el tratamiento de la Ley de Identidad de Género, y el amplio consenso parlamentario alcanzado para que la norma sea una realidad en breve.
Cabe destacar que las comisiones de Legislación General y Justicia de la Cámara de Diputados se encuentran abocadas a acordar un texto que sintetice el espíritu de las cuatro iniciatvias en análisis: la de Juliana Di Tullio (FPV), Diana Conti (FPV), Silvana Giudici (UCR) y Miguel Barrios (PS), a las que se sumarán los consensos alcanzados por las organizaciones sociales que impulsan los mismos.
Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT expresó “cuando en el año 2007 presentamos el primer proyecto de Ley junto a la Diputada (MC) Silvia Augsburger – autora de la ley de Matrimonio Igualitario – iniciamos un camino que hot vemos muy cerca de su concreción: el de sancionar una Ley que restituya la identidad y dignidad a todo el colectivo trans en nuestro país.”
Asimismo Paulón agregó “vemos un enorme consenso en ambas comisiones y en casi todos los bloques parlamentarios, lo que nos da la certeza que antes de fin de año la norma será aprobada en la Cámara de Diputados y contendrá las expectativas de todos los sectores interesados. Sin dudas será una ley de amplio consenso”.
Por su parte Marcela Romero, Presidenta de la Asociación de travestis, transexuales y transgénero y Sec. General de la FALGBT agregó”espeamos un rápido avance en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Identidad para que el derecho al que hoy se accede por vía de la justicia, o bien por vía administrativa en Santa Fe y Salta, sea un derecho de todas y todos en todo el país. Queremos igualdad e identidad para el colectivo trans y poder avanzar fuertemente en la garantía de la salud integral que es una de las principales demandas de nuestro colectivo.”
Cien personas esperan permiso para cambiar de sexo
En la Argentina hay 50 personas que fueron autorizadas por la Justicia para practicarse una cirugía de cambio de sexo: 39 de ellas ya fueron operadas y otras 11 realizan actualmente el tratamiento hormonal previo. Otras 100 esperan un veredicto que las autorice a modificar sus genitales por los del sexo opuesto.
Así lo confirmaron los dos médicos a cargo de los únicos servicios del país que efectúan este tipo de intervenciones, que, por ahora, sólo pueden hacerse con autorización judicial. No obstante, como informó ayer La Nacion, el gobierno nacional dio luz verde a un proyecto de ley existente en el Congreso que otorga el derecho a operarse sin recurrir a los tribunales.
Uno de los hospitales en los que se realiza esta práctica es el Ricardo Gutiérrez de La Plata, donde César Fidalgo comanda el servicio de urología, que desde 1997 realizó 30 cirugías: “Hemos realizado la reasignación de sexo masculino a femenino a 27 pacientes y de femenino a masculino, a otros 6. Hay otros 11 pacientes que ya tienen la autorización judicial pero aún no se han operado”, explicó.
El otro servicio funciona en el hospital Durand, en la Capital, liderado por el médico Horacio Rey, jefe del servicio de urología. “La operación es el último paso. Primero se realiza un estudio psicológico que determina si el paciente tiene una disforia de sexo, esto es, que su cuerpo y su mente corresponden a sexos opuestos”, sostuvo el profesional.
Después, una vez que el juez autoriza el procedimiento, la persona inicia un proceso de impregnación hormonal; la última etapa es la operación. Todo el proceso puede demandar unos dos años de tratamiento.
Según Rey, en los últimos ocho años se cambiaron el sexo 9 pacientes. “En la etapa previa se encuentran unos 90 pacientes”, explicó.
De todas formas, afirmó el médico, la mayoría de las personas que inician el reclamo judicial o la averiguación médica para operarse desisten. “Muchos no llegan al quirófano. Se arrepienten, cambian de parecer; algunos, al comprender las dimensiones de lo que harán”, dijo.
Fidalgo y Rey coincidieron en que la existencia de una ley como la que impulsa el gobierno de Cristina Kirchner allanaría el camino. “No debería ser un juez el que determine la procedencia de la cirugía, sino los médicos y los psicólogos”, consideró Fidalgo. “No se trata de pacientes que, de pronto, deciden ponerse una cartera y pintarse los labios, sino de personas que crecieron creyendo que estaban en un cuerpo equivocado”, agregó Rey.
No tantos como se cree
De todos modos, los médicos no creen que la aprobación de una ley vaya a implicar un aluvión de solicitudes. “Desde el punto de vista médico, un homosexual es alguien que tiene atracción por alguien del mismo sexo; un travesti, el que disfruta vestirse con ropa que pertenece al otro sexo. Ninguno de ellos se va a operar, sino aquellos que padecen disforia de género. Un transexual es una persona que desde el punto de vista anatómico es de un sexo y psicológicamente es otro: para estos pacientes, que no son tantos como se suele creer, existe la cirugía”, clarificó Fidalgo.
Desde la Asociación de Abogados Católicos, el vicepresidente Eduardo Sambrizzi rechazó ese concepto: “Este proyecto es un error. Uno tiene el sexo con el que nace; lo que importa para definir el sexo no es lo que uno quiere ser o cree ser, sino el sexo genético, que no se puede cambiar por más operaciones que uno se haga”.
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